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El polémico Mall Barón y el decreto de Bachelet

El polémico Mall Barón y el decreto de Bachelet

Parte de estos terrenos, 30.000 metros cuadrados, son los que se comprometen a vender y que permite enajenar el decreto 144 firmado por Bachelet.

Demanda y querella se tramitan actualmente en tribunales porteños complicando los planes futuros del gigante del retail. En exclusiva le contamos sobre  la venta de los terrenos portuarios con el dudoso Decreto 144 firmado por la ex presidenta de la República, una arista que abre nuevos e importantes cuestionamientos a la legalidad del contrato que permite la construcción del Mall en Valparaíso. Un dato que podría arruinar las ilusiones de los empresarios.

Por Jorge Paredes Oróstica

“El Borde Costero es tuyo”, así se publicita en los medios hoy en día el cuestionado proyecto comercial e inmobiliario “Puerto Barón”. Un sugerente y paradójico slogan tomando en cuenta que será una inversión privada de Mall Plaza S.A. la que se llevará a cabo en la costa de Valparaíso y donde incluso se comprometió la venta de parte del terreno.

La polémica iniciativa durante años ha recibido críticas de la comunidad porteña, además de rechazos en sus trámites administrativos para ser aprobado. No obstante, el momento final se acerca, eso, según lo anunciado por el subgerente de Desarrollo Mall Plaza, Martín Cortés, quien aseguró que el próximo abril de este año se iniciarán las obras para que en el segundo semestre del 2013 el gigante comercial abra sus puertas al público.

Por ahora las acciones de promoción continúan, llevando incluso obras de teatro a los cerros de Valparaíso, sin embargo, esto no detiene las feroces críticas sobre lo perjudicial que puede resultar para la ciudad puerto ni limpian el pedregoso camino que ha debido seguir la iniciativa. Por ejemplo, para obtener el inicio de obras su ante proyecto vial tuvo que pasar en tres ocasiones para lograr en la última oportunidad la aprobación del Estudio de Impacto Vial (EISTU), sin mejorar sustancialmente el entramado vial del sector, lo que permitió recién el 2011 conocer algunos aspectos del proyecto, como le contamos en esta nota de LOV.

Superadas las complicaciones, el visto bueno de las autoridades respectivas debió dejar tranquilos y contentos a los ejecutivos de Plaza S.A y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), pero este estado anímico podría cambiar drásticamente con el futuro judicial que se les avecina y donde existe un decreto presidencial que podría aguarles la fiesta. En la actualidad existen importantes aristas, en las cuales confían los opositores para detener la construcción de este gigante en el muelle Barón.

Hoy existen dos presentaciones legales que se tramitan en tribunales porteños:

1)Demanda de nulidad pública: la acción legal fue elevada en el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso (causa ROL 4986) del 2011 en las que son demandantes la Asociación Nacional de Agentes de Nave (Asonave), el Sindicato de Trabajadores Transitorios Portuarios Espigón Terminal Nº2 de Valparaíso y la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios y Afines de Valparaíso (FTP).En esta causa, según confirmó Carlos Manterola, Vicepresidente ejecutivo de ASONAVE, están notificadas las partes a un comparendo de conciliación, una audiencia que será el 6 de marzo próximo. Sin embargo, Manterola anunció en exclusiva a este medio la decisión adoptada: “por nuestra parte no va haber avenimiento. Nosotros vamos a llegar en esta pelea hasta el final”.

2)Querella por fraude al Fisco: La otra presentación judicial es una querella llevada a la corte por trabajadores portuarios y organizaciones ciudadanas, donde se objeta la entrega de 21,5 millones de dólares al gigante del retail por la mantención de los espacios públicos a construirse. Para el Vicepresidente de Asonave, esta suma equivale a la mantención de la ciudad de Valparaíso durante 40 años. La querella interpuesta fue contra el gerente del EPV, Harald Jaeger, y todos quienes resulten responsables, y se encuentra en etapa de investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). Habrá más novedades en marzo cuando se acabe el receso judicial de febrero.

LA PROBLEMÁTICA DEMANDA

De estas dos acciones judiciales, esta vez nos centraremos en los ejes centrales de la demanda de nulidad, donde se encuentran aspectos interesantes y reveladores sobre los trámites hechos por los privados que quieren un mall en el borde costero.

En lo sustancial la demanda de nulidad pública, presentada el 26 de octubre del 2011, busca anular el contrato firmado entre la Empresa Portuaria Valparaíso y Plaza Valparaíso S.A., ya que adolecería de varios vicios:

-Violación de normas específicas de la Ley de Modernización Portuaria (Ley 19.542): La legislación chilena le impide al EPV entregar sitios para usos distintos de faenas portuarias. Estas  áreas  se  deben  destinar  al  desarrollo  y  explotación  de infraestructura portuaria, turística y comercial. Si es concesionado a terceros, estos no pueden realizar una actividad distinta a lo dispuesto en la ley.

-Cuestionamientos al “Contrato  de  Opción  de  Compra suscrito  entre Empresa Portuaria Valparaíso y Plaza Valparaíso S.A”: El artículo 12 de la Ley de Modernización Portuaria,  dispone que “la enajenación de bienes de propiedad  de  las  empresas  se  hará  en una licitación  pública”. Cuestión que dicen los demandantes no sucedió en este caso. En las bases iniciales de la licitación no estaba estipulada la venta de los terrenos, lo que fue modificado, a partir de las peticiones de Mall Plaza, estableciendo finalmente un contrato directo vender parte del terreno, contraviniendo la norma de licitación pública con más oferentes, y de pasada evitando que sea beneficioso para el Estado.

-EPV no puede hacer negocios que no sean portuarios: La Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), no está facultada, de acuerdo a la Ley  Nº  19.542 y dictámenes de Contraloría, para  ser partícipe de un negocio que no sea portuario. En este caso en el contrato EPV, forma parte de una asociación público-privada, que le permite participar del negocio inmobiliario. Al definir la venta de los terrenos, comprometería los terrenos a un Monto Mínimo Anticipado de 2,25  UF  por  metro  cuadrado. En el polémico contrato el  “Monto  Variable corresponde  a  un  10%  de  los  ingresos  netos  por  las  ventas  de  viviendas construidas en el terreno”, u otro bien que forme parte o que fuese construido en dicho terreno. Es decir, este contrato hace partícipe y beneficiaría del negocio inmobiliario a EPV.

-Pagos extraños: El contrato del EPV con Mall plaza S.A establece que se le pagará  US $21,5 millones por “el servicio de desarrollo y mantenimiento de las Obras Obligatorias que forman parte del de  los  Espacios  de  Uso  Público  del  Área  de Proyecto”, según se lee en el contrato. Lo que sería menos a los ingresos que recibiría EPV por las Áreas de Concesión y de Arrendamiento a Plaza  Valparaíso  S.A. Además es un antecedente de un procedimiento incorrecto que avala la demanda de nulidad.  Es decir, Mall Plaza S.A ganaría con el trato y el Estado “regalaría” dinero. Este dato sostiene la querella que se efectúa en paralelo a la demanda.

Imágenes digitales han dado conocer como sería el Mall Puerto Barón. Las presentaciones judiciales que se tramitan podrían anular el contrato y con ello detener el proyecto

Después de los cuestionamientos observados en el contrato, a simple vista el futuro no es auspicioso para la concreción del Mall Puerto Barón. A eso hay que sumar otro factor poco analizado, donde se evidencia cuál fue el procedimiento para la venta de terrenos portuarios, cuestión que solo se puede hacer por medio de un decreto firmado por el presidente de la República.

En este contexto de cuestionamientos a las medidas administrativas de EPV, se genera la gran duda respecto al trámite que permitió la venta de 30.000 metros cuadrados en el borde costero de Valparaíso. En esta parte del polémico caso aparece el desconocido Decreto 144 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuerpo legal firmado por quien ejerciera como Ministro de la cartera en octubre del 2006, Sergio Espejo Yaksic y la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria. Un importante documento al cual La Otra Voz tuvo acceso exclusivo.

La primera suspicacia se presenta con las fechas, donde se observa que el decreto presidencial fue firmado el 4 de octubre del 2006, y tan solo un día antes, el 3 de octubre, el directorio de EPV emitió un certificado donde se facultaba a su gerencia para solicitar la autorización pertinente para la venta de los terrenos al Ministerio de Transportes Telecomunicaciones, lo que queda de manifiesto en el sustento del mismo Decreto. Según diversas fuentes consultadas en el ámbito de la administración pública, la tramitación de un decreto presidencial requiere más de un día, dado los resguardos legales en torno a lo que firmaran los mandatarios. Según lo explicado a LOV, lo sucedido sería una “práctica regular” en la administración; es decir, “guardar” números de decretos, para momentos en que las fechas apremian, por lo tardío de la tramitación.   

Las dudas aumentan. El Decreto fue firmado el 4 de octubre del 2006, pero pese a la prontitud del proceso entre EPV y Mall Plaza Valparaíso S.A., fue ingresado a la Contraloría General de la República (CGR) dos meses después, como evidencia el timbre del ente contralor (5 de diciembre del 2006). Finalmente la Contraloría, procede con la toma de razón del Decreto 144, por parte del Sub-Contralor Subrogante, el 2 de enero del 2007, siendo que el contrato fue celebrado el 10 de noviembre del 2006, es decir, dos meses antes que la CGR tomara razón del Decreto 144. Entonces, nace la pregunta: ¿tiene valor legal un documento no tramitado que además fue sustento para comprometer la venta de terrenos portuarios del Estado a privados?

Este medio consultó a Contraloría por los procedimientos administrativos en este tipo de casos y confirmó que un decreto debe tener previamente una toma de razón para validar el acto administrativo. Dado este antecedente, los cuestionamientos  de válidez del Decreto 144 aumentan y colocan en entredicho la legalidad del contrato entre EPV y Plaza Valparaíso S.A. Además, ante el hecho de que el Decreto no fuese publicado en el Diario Oficial, el ente contralor respondió no era necesario. Esto, porque el artículo 48 de la ley N° 19.880, establece  que deben publicarse en ese medio los siguientes actos administrativos: a) Los que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general; b) Los que interesen a un número indeterminado de personas; determinando que este decreto no entraría en estas categorías.

Hoy en día, pese a la campaña comunicacional, la materialización del proyecto de Mall Puerto Barón se definirá en los tribunales y hay que esperar hasta marzo para conocer los nuevos pasos. Por los antecedentes presentados en la querella,  en la demanda y con el Decreto 144 en mano, parece que lo que conoceremos del Mall se quede sólo en las imágenes digitales que tanto se han promocionado.LOV

Decreto144 LOV

Equipo de Redaccion

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